Entre los muchos temas pendientes que tiene el actual gobierno es la operación del programa espía Pegasus. Este software sigue operando en México según reveló El País ya que a pesar del discurso de sobre acabar con el espionaje gubernamental, no existe una orden oficial para detener el uso del malware que vulnera la privacidad de los dispositivos desde Whatsapp.
Varias dependencias adquirieron el programa durante los años de Peña Nieto, entre ellas la fiscalía y los servicios de inteligencia. A la vez, activistas, periodistas y abogados, apoyados por peritos tecnológicos del prestigioso Citizen Lab de la Universidad de Toronto, denunciaron intentos de pirateo en sus celulares. Eran mensajes de texto, de contenido personal, siempre acompañados de un enlace web. Los peritos certificaron que los enlaces eran en realidad la llave que usaría Pegasus para apoderarse del teléfono. Con el programa en el celular de la víctima, los clientes de NSO Group tenían acceso a todo su contenido.
El País – El Estado mexicano se atraganta con el caso Pegasus
“No ha habido noticia alguna y esto es muy grave. Debería ser del interés, como algunos otros casos”, critica Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, que durante años ha cabildeado a favor de imponer un impuesto a los refrescos. En 2016, en plena discusión sobre este impuesto en México, Calvillo recibió dos mensajes extraños de números desconocidos. Un texto sugerente y un enlace. El primero no lo abrió. El segundo mencionaba una nota en una revista que tenía que ver con él y lo abrió. Su teléfono se infectó. Su caso fue uno de los primeros que salieron a la luz pública en el país. En pocos meses salieron más, entre ellos el de periodistas críticos con el Gobierno como Carmen Aristegui o abogados del equipo legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Con el escándalo, la fiscalía abrió una investigación. Tres años y un Gobierno después aún no hay resultados.
El periódico concluye en su investigación que la SEDENA no cuenta con evidencia documental sobre poner fin al uso de Pegasus, la Secretaría de Gobernación tampoco tiene orden alguna y la Secretaría de Seguridad Pública tampoco cuenta con orden alguna. Por otra parte «la Consultoría Jurídica del Ejecutivo confirmó el pasado 29 de julio lo mismo: el Gobierno no envió ninguna orden oficial a sus dependencias para cancelar o suspender el uso de Pegasus desde su llegada al poder en 2018».
Sin esas órdenes oficiales las dependencias oficiales pueden operar el programa Pegasus y esa precisamente es la denuncia de organizaciones civiles cuyos miembros afirman que todavía en los últimos meses recibieron mensajes sospechosos con información personal acompañados de un enlace, método con e que alojan este malware en los teléfonos.
Esta genial el post. Saludos.